Durante el Pleno regional, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, expresó su preocupación por la celeridad con la que el Gobierno central gestionó 53 declaraciones de impacto ambiental relacionadas con macroplantas fotovoltaicas. La petición central de Novillo es una auditoría independiente de este proceso y una evaluación acumulativa del territorio. Esta evaluación buscaría medir el impacto conjunto de estas infraestructuras en el paisaje, la biodiversidad, el suelo agrario y la ordenación territorial de la región.

La solicitud de la Comunidad de Madrid al Gobierno de España se fundamenta en la necesidad de extremar la vigilancia sobre los expedientes tramitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, especialmente tras la investigación del caso Forestalia, que ha señalado posibles irregularidades en autorizaciones de instalaciones energéticas. El consejero argumenta que este precedente justifica una revisión exhaustiva de otros expedientes.

Novillo también alertó sobre posibles "alteraciones" en el orden lógico de la evaluación ambiental, lo que, a su juicio, distorsiona la planificación y el ordenamiento territorial. Insistió en que no es suficiente analizar cada proyecto de forma individual, sino que se requiere una visión global para comprender el impacto de la concentración de grandes plantas en una misma área. Esta aproximación, según el consejero, alinearía a España con los estándares de la Unión Europea y evitaría decisiones fragmentadas que desfiguran el territorio sin un análisis integral.

La oposición, durante el debate, exigió al consejero pruebas concretas de las sospechas planteadas. Sin embargo, Novillo reiteró que la auditoría independiente solicitada al Gobierno central es precisamente el mecanismo adecuado para esclarecer si hubo irregularidades en el proceso de aprobación de las mencionadas declaraciones de impacto ambiental.