Esta cifra representa un incremento de 1.867 millones de euros en poco más de medio año, lo que equivale al 40 por ciento del Presupuesto autonómico actual. La administración regional ha expresado su preocupación por esta situación, calificándola de "asfixia" financiera y "quiebra de la lealtad institucional".
“"No podemos seguir siendo el cajero automático de la administración central. Y esto no es una queja, es un balance. No se puede gobernar sin Presupuestos ni memorias económicas."
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo ha denunciado que la administración central ha optado por "secuestrar" el dinero de los contribuyentes madrileños, afectando la dotación de servicios públicos regionales como la sanidad, educación, transportes y atención a la dependencia. Este último ámbito, la dependencia, es una de las principales causas del saldo negativo, originado por un decreto de 2009 que comprometía la financiación compartida.
A pesar de la situación, los servicios públicos se mantienen "garantizados", aunque la consejería ha tenido que recurrir a "mercados privados" para obtener financiación, lo que genera deuda adicional. La prometida bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, prevista para 2027, no correría peligro, según fuentes de la consejería.
La falta de presentación de Presupuestos Generales del Estado en los últimos tres años por parte de la administración central es vista como una "anomalía democrática sin precedentes". Esta ausencia ha provocado una desactualización en las entregas a cuenta, que constituyen hasta el 77 por ciento de los ingresos autonómicos. La Comunidad de Madrid ha percibido un monto "sensiblemente inferior al que le corresponde", con una "merma" acumulada que supera los 750 millones de euros.
La administración regional ha enviado una carta al ministro de Hacienda solicitando la aprobación urgente de un Real Decreto Ley específico para actualizar las entregas a cuenta. Además, critican el método de la administración central de aprobar iniciativas sin memoria económica, como el 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio', que ha supuesto un impacto de 206 millones de euros para Madrid, o la subida retributiva de empleados públicos, que asciende a 888 millones para la Comunidad en 2025 y 2026.
Del total de 12.367 millones de euros adeudados, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra más de la mitad, con 6.276 millones. De estos, 4.513 millones corresponden al tope del Fondo de Competitividad, 765 millones al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 millones a la "infrafinanciación" de los fondos europeos. Familia, Juventud y Asuntos Sociales acumula una deuda de 2.668 millones, mientras que Medio Ambiente, Agricultura e Interior suma 2.785 millones, incluyendo partidas del Plan Hidrológico del Tajo y obras en Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales. El Consorcio Regional de Transportes, Sanidad, Presidencia, Justicia y Administración Local, y Educación, Ciencia y Universidades completan el resto de la deuda.
