La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha manifestado su rechazo a la medida de regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Gobierno central. Durante el Pleno de la Asamblea, la consejera describió la iniciativa como un “caos disfrazado de humanidad” y un “paraíso para las mafias”, argumentando que ejerce una presión insostenible sobre los servicios públicos ya saturados.

Según la consejera, la medida, impuesta sin una planificación adecuada, no considera la capacidad real de las administraciones para gestionar sus efectos. Ha cuestionado las cifras del Ejecutivo central, que estima unos 500.000 beneficiarios, citando estimaciones de sindicatos policiales que elevan la cifra a más de dos millones, una cantidad comparable a la población combinada de La Rioja, Cantabria, Navarra, Ceuta y Melilla.

La consejera también ha negado que la mayoría de los afectados sean personas asentadas e integradas desde hace años en España. En su análisis, muchos corresponden a llegadas recientes, impulsadas por un “efecto llamada” sin un proyecto claro de inserción laboral y social. Esto, advierte, podría conducir a un aumento de la pobreza, la exclusión y el número de personas sin hogar.

Además, ha denunciado que el desorden generado por la regularización está siendo explotado por redes mafiosas. Se han detectado situaciones como citas administrativas fraudulentas, contratos de trabajo falsos, retención de pasaportes como coacción y manipulación de empadronamientos y certificados. La Comunidad de Madrid mantiene su recurso ante el Tribunal Supremo contra esta medida, considerándola una invasión de competencias autonómicas y un riesgo para la estabilidad de los servicios públicos regionales.