La resolución judicial responde a una cuestión de competencia sobre diligencias relacionadas con la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas mayores durante la crisis sanitaria. La Sala ha determinado que existe una conexión directa entre los hechos investigados en ambos juzgados.
El objetivo de esta medida es garantizar una administración de justicia coherente y evitar la emisión de resoluciones contradictorias. Según el tribunal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal respalda la tramitación conjunta cuando la relación entre los hechos aconseja un enjuiciamiento unificado para facilitar la investigación y determinar posibles responsabilidades.
Esta decisión marca un cambio de criterio respecto a un pronunciamiento previo de la Sección Primera de la misma Audiencia, que en abril rechazó agrupar una veintena de causas similares. La falta de uniformidad en los criterios judiciales ha generado críticas por parte de las representaciones legales de las familias afectadas.
