La normativa, impulsada por el Gobierno madrileño, establece por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, con una excepción de 50 hectáreas para caza menor si se justifica técnicamente. En cuanto a la pesca, se simplifica la regulación de las aguas en tres categorías y se presta especial atención a especies como la trucha, la carpa o el lucio.
Una de las principales novedades son los Planes de Control Poblacional, una herramienta destinada a los ayuntamientos para gestionar especies sobreabundantes como el jabalí y el conejo fuera de los periodos de caza ordinarios, previniendo así daños a la agricultura. La ley también amplía la distancia mínima de seguridad respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros.
La modernización del sector se fomenta con la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos. El régimen sancionador se actualiza, fijando multas de entre 200 y 1.000 euros para infracciones leves, de 1.000 a 10.000 para las graves, y de 10.000 a 80.000 euros para las muy graves.
“"Nos encontramos ante una ley actual, sensata y muy necesaria en nuestra región. No hemos redactado esta ley metidos en un despacho de espaldas al sector cinegético ni de espaldas al sector piscícola, todo lo contrario, hemos escuchado a muchísimas asociaciones, fundaciones, clubes deportivos y diferentes administraciones"
El diputado del PP, Juan Carlos Carretero, celebró la ley como una "verdadera garantía jurídica" para la actividad cinegética, destacando el consenso alcanzado tras escuchar a numerosas asociaciones y recibir 600 alegaciones. Por su parte, Íñigo Henríquez de Luna (Vox) valoró el consenso pero abogó por una norma "menos intervencionista y tutelante", criticando la burocracia añadida.
Desde la bancada socialista, José Luis García lamentó que solo se aceptaran cuatro de sus enmiendas y criticó la unión "chapucera" de caza y pesca, considerando que se ha "relegado a la pesca a un segundo plano" en favor de "intereses comerciales de la caza". Alejandro Sánchez (Más Madrid) calificó la jornada de "día triste para el medioambiente", argumentando que la ley mezcla "ideología cinegética trasnochada" con controles poblacionales para justificar la caza en "cualquier circunstancia".
