El acusado, que no aceptaba la ruptura de la relación e impuso una situación de sometimiento y dominación sobre la víctima, ha sido declarado culpable de asesinato con la agravante de género. El jurado ha descartado las atenuantes de alteración psíquica, consumo de drogas y confesión solicitadas por la defensa.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión por el delito de asesinato, además de 35 años de prohibición de aproximación y comunicación con los familiares de Miguela, y libertad vigilada posterior. El acusado reconoció los hechos durante el juicio, pero esta confesión no ha sido considerada suficiente para una rebaja de pena.
El juicio reconstruyó cómo el agresor ejercía un control sobre Miguela, llegando a coaccionarla con fotografías de sus hijos pequeños cuando él viajaba a Italia. La hija mayor de Miguela, Leticia, ya había acudido a comisaría antes del crimen para denunciar la situación que sufría su madre.
“"La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya"
La noche del crimen, Miguela recibió 45 puñaladas en diversas partes del cuerpo. La Fiscalía considera que existieron alevosía y ensañamiento, al haber aumentado deliberadamente el sufrimiento de la víctima. Miguela logró salir del domicilio y pedir ayuda a los vecinos antes de fallecer.
Miguela Novas fue la víctima número 49 de violencia machista en 2023 en España, dejando tres hijas. Tras su asesinato, la familia enfrentó dificultades para obtener el reconocimiento oficial como víctimas de violencia de género, lo que les impidió acceder a ayudas. Además, fueron desahuciadas de su vivienda en enero de este año por una deuda hipotecaria.
La Fiscalía reclama indemnizaciones por un total de 438.500 euros para las hijas y la abuela de la víctima. El asesinato de Miguela Novas impulsó la creación de un comité de crisis con su nombre por parte del Ayuntamiento de Madrid para coordinar instituciones y establecer medidas de reparación tras cada feminicidio.
