La defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, ha interpuesto un recurso de amparo ante el TC. En este documento, se pide la declaración de nulidad de la sentencia y se argumenta la vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión y el derecho a no declarar contra uno mismo.
La condena, dictada el pasado diciembre, impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.
“"En su actuación existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella."
El recurso sostiene que el Supremo realizó una “valoración irracional y arbitraria de los indicios” y basó la imputación en “meras inferencias abiertas”, ignorando pruebas de descargo como el testimonio de periodistas que negaron que el fiscal general fuera su fuente. Además, se argumenta que la sentencia es arbitraria al dar por probada la filtración sin “prueba auténtica ni razonamiento lógico suficiente”.
Asimismo, el recurso señala que la sentencia no consideró las noticias de prensa sobre el proceso penal de González Amador por presuntos delitos fiscales, que se difundieron “mucho antes de la emisión de la nota de la Fiscalía” el 14 de marzo de 2024. Esta nota, según García Ortiz, tenía como objetivo “defender la actuación de dicha institución” y aclarar lo sucedido, detallando correos electrónicos donde el novio de Ayuso admitía delitos fiscales.
“"No hubo revelación en sentido típico, porque cuando se publicó la nota informativa, toda la información ya había sido difundida públicamente por distintos medios; por tanto, no se estaba descubriendo algo ignorado o secreto."
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la situación, sugiriendo que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, podría “indultar” a García Ortiz. Ayuso ha calificado al gobierno de “una banda mafiosa” y ha insinuado que el fiscal general fue “puesto políticamente” para delinquir, y que el presidente del Constitucional fue designado para “taparlo todo”.
