La gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno español ha pasado de ser una cuestión técnica a un problema político de gran envergadura. Lo que se presentó como una oportunidad histórica para la modernización económica pospandemia, ahora amenaza con ser un ejemplo de opacidad, improvisación y falta de control, elevando la preocupación en Bruselas tras conocerse que más de 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation podrían haberse destinado a gasto corriente, como pensiones o el Ingreso Mínimo Vital. Surgen además interrogantes sobre su posible uso en contratos vinculados a Huawei, una compañía bajo constante escrutinio por seguridad estratégica.
La inquietud trasciende la oposición española. Alemania y Países Bajos han manifestado reservas sobre la ejecución de las ayudas comunitarias, mientras el Parlamento Europeo exige explicaciones. El presidente de la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara ha reclamado "total claridad" ante el uso de fondos previstos para inversiones y reformas estructurales en partidas ordinarias del Estado.
El problema es doble: por un lado, la baja capacidad de ejecución. Según Eurostat, España es el séptimo peor país de la Unión Europea en utilización de estos recursos, con solo un 42,8% ejecutado. Por otro, la ausencia de una planificación presupuestaria seria, con España operando con Presupuestos Generales de 2022, una anomalía que debilita el control parlamentario del gasto público. El Ejecutivo ha recurrido a modificaciones de crédito para sortear la falta de nuevas cuentas, incrementando el gasto sin debate en las Cortes.
El uso sistemático de modificaciones de crédito refleja una preocupante falta de disciplina presupuestaria. Solo en 2025, se gastaron más de 75.000 millones de euros al margen del control parlamentario, bajo normas aprobadas en pandemia. Los fondos europeos, en cambio, exigían rigor, transparencia y reformas verificables, no tapar agujeros presupuestarios ni financiar gasto estructural. El riesgo de erosionar la credibilidad y la confianza de los socios es evidente cuando el dinero público deja de estar sometido al escrutinio parlamentario ordinario.
