La decisión judicial se produce días después de que la Abogacía General de la región formalizara la demanda. Esta ofensiva legal incluye una petición de medidas cautelares para suspender la aplicación del decreto, una iniciativa que fue anunciada previamente por la presidenta regional.
“"La iniciativa del Gobierno central es populista y este tipo de regulaciones masivas no tienen encaje en el marco normativo de la Unión Europea."
El Gobierno regional fundamenta su impugnación en tres pilares principales. En primer lugar, argumenta que la normativa estatal vulnera las competencias autonómicas y el equilibrio presupuestario, señalando un grave impacto en la sanidad, la educación y los servicios sociales madrileños al no prever fondos ni medios adicionales para absorber el aumento de la demanda.
En segundo lugar, considera que el decreto es incompatible con la normativa de la Unión Europea en materia de fronteras y extranjería. Finalmente, el recurso advierte sobre un posible riesgo para la Seguridad Nacional, al afectar la estabilidad y el control del Estado en ámbitos críticos de seguridad.
La admisión a trámite por parte del Supremo marca el inicio de un proceso en el que se deberá decidir sobre la suspensión cautelar solicitada. Según un portavoz del Ejecutivo autonómico, la medida estatal fue tomada de forma unilateral, lo que ha llevado a la región a buscar amparo judicial para proteger la provisión de servicios a los ciudadanos.
