La solicitud fue presentada en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid por la diputada socialista Lorena Morales, quien demandó información sobre las acciones que el Ejecutivo regional planea tomar para asegurar que las usuarias y profesionales no sean hostigadas en estos centros.
Morales criticó la situación en la Comunidad de Madrid, donde, según ella, no se permite el aborto en los hospitales públicos, y enfatizó que el PSOE solo exige "lo mínimo": que las clínicas acreditadas operen en "condiciones dignas".
“"Esto empieza porque los y las profesionales y las usuarias puedan ejercer su derecho en esos establecimientos sin ser acosadas y añadiendo más dolor a un momento delicado."
La diputada socialista sugirió que si el acoso ocurriera en un lugar como la Fundación Jiménez Díaz, la situación se resolvería rápidamente, insinuando una falta de acción por parte del Gobierno autonómico al no contactar a la Delegación del Gobierno para abordar estas conductas ilícitas.
“"Si el acoso se produjera a las puertas de la Fundación Jiménez Díaz, no dudo que el primer día acababan ustedes con esta situación de un plumazo y llamaban corriendo al delegado del Gobierno."
En respuesta, Almudena Quintana Morgado, directora general Asistencial de la Comunidad de Madrid, defendió que la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente integrada en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), contando con profesionales cualificados y mecanismos de seguimiento.
Sin embargo, Quintana Morgado aclaró que las situaciones que se producen en la vía pública, así como la prevención de conductas de acoso en el entorno de estos centros, son competencia de la seguridad ciudadana, cuya regulación y control dependen de la Delegación del Gobierno.
La directora general subrayó que existen "dos planos distintos que no deben confundirse": el acceso a la prestación sanitaria, garantizado por el Sermas, y la seguridad en la vía pública, que corresponde a otra administración.
