Según el PP, las decisiones adoptadas por la Fiscal General responden a una estrategia que, lejos de fortalecer la independencia de la Fiscalía, busca consolidar un modelo de control político. Este modelo, afirman, prioriza la afinidad del Ministerio Público con el Gobierno frente al mérito, la capacidad y la trayectoria profesional de los fiscales.
La denuncia surge tras la decisión de no renovar en su puesto a la fiscal superior de Madrid, una medida que los populares consideran especialmente controvertida. A este caso se suma la propuesta para la plaza de teniente de la Fiscalía Superior de Galicia a favor de una fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien es esposa del Fiscal General del Estado.
“"La política de nombramientos evidencia una hoja de ruta continuista con su predecesor donde la neutralidad y el mérito son desplazados por la fidelidad orgánica."
Para el PP, estos movimientos "ahondan en la desconfianza y en la desafección hacia la Fiscalía". Varias asociaciones de fiscales han advertido en los últimos meses sobre el "daño irreparable" que se estaría causando a la institución y el riesgo de un control político "sin precedentes".
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido ha calificado de "inconcebible" la salida de la fiscal superior de Madrid, considerándola una "purga" por haber exigido el cumplimiento de la ley. También ha criticado el ascenso de una fiscal que se encontraba más de 800 puestos por detrás en el escalafón, señalando que su principal mérito ha sido "aplaudir al condenado".
“"Entre perseguir delitos o apoyar al condenado, optar por lo segundo es un escándalo."
La dirigente popular ha defendido la necesidad de una Fiscalía "fuerte, creíble y ajena a cualquier injerencia política" como parte del proyecto de regeneración institucional que impulsa el Partido Popular.
