Durante el Pleno de la Cámara regional, la presidenta ha respondido a las interpelaciones sobre la política de ayudas, negando que los extranjeros desplacen a los españoles en el acceso a prestaciones. Ha insistido en que su Gobierno actúa con "racionalidad" y que "nadie deja atrás a ningún español".

El debate se centró en las políticas para jóvenes y la preferencia de nacionales en el acceso a recursos públicos. La presidenta ha marcado distancias con los acuerdos alcanzados por el Partido Popular y VOX en otras comunidades como Extremadura y Aragón, donde se ha adoptado el criterio de "prioridad nacional".

A pesar de felicitar a los presidentes autonómicos de dichas regiones, la presidenta ha reafirmado el compromiso de la Comunidad de Madrid con la integración, rechazando planteamientos que, a su juicio, desbordan el marco jurídico y político considerado razonable por su Gobierno.

Asimismo, ha reivindicado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central, calificándola de "caos" para los servicios públicos y un incentivo para las mafias. Sin embargo, ha diferenciado esta crítica de la atención básica, asegurando que la Administración madrileña no negará la cobertura sanitaria a nadie.

La presidenta ha desmentido las acusaciones de VOX sobre la exclusión de españoles de las ayudas debido a la población extranjera, destacando la existencia de ayudas ilimitadas, como las destinadas a madres, que no responden a una lógica de exclusión. Ha recordado que su Ejecutivo sí exige requisitos como mínimos de empadronamiento para ciertas ayudas en vivienda, empleo o maternidad, reforzando la idea de criterios de acceso sin renunciar a la integración.