La decisión municipal responde a la intención del Gobierno local de recuperar el uso público del edificio. Según fuentes municipales, el inmueble requiere de intervenciones urgentes de conservación, consolidación y rehabilitación para frenar su deterioro actual.
La oposición municipal ha solicitado explicaciones detalladas sobre el estado de conservación del edificio y la gestión realizada por las administraciones que formaban parte del consorcio. El grupo socialista ha anunciado que llevará este asunto a la próxima Comisión de Obras y Equipamientos para fiscalizar las medidas previstas por el Ejecutivo local.
El Ejecutivo municipal ha justificado la medida argumentando que la situación económica y administrativa de la institución se ha visto afectada tras la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio gestor, lo que ha motivado la necesidad de retomar el control directo sobre el patrimonio público.
