La controversia surge a raíz de la anulación judicial de una parte de la anterior ordenanza de movilidad, resultado de un recurso presentado por un grupo político. La administración municipal argumenta que los efectos de dicha sentencia quedaron sin validez tras la aprobación de una nueva ordenanza de Movilidad el 24 de marzo.
“"El Consistorio ha generado un negocio ilegal con 3,5 millones de multas en cuatro años."
Un representante de la oposición ha cuestionado si el Ayuntamiento reintegrará el dinero de las multas de los últimos años, calificando las sanciones de “ilegales” y denunciando lo que considera un “negocio ilegal” que ha recaudado 3,5 millones de euros en multas durante cuatro años.
Por su parte, el responsable de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha desestimado estas acusaciones, pidiendo a la oposición que abandone la “demagogia”. Ha defendido que Madrid, al igual que todas las ciudades con más de 10.000 habitantes, está obligada por la Ley de Cambio Climático a implementar Zonas de Bajas Emisiones.
El mismo responsable ha destacado que, desde la llegada del actual alcalde, el número de multas ha disminuido anualmente. Entre 2024 y 2025, se ha registrado una reducción de 14 millones de euros en la recaudación y un descenso del 5,8% en las sanciones. Ha insistido en que la movilidad sostenible en Madrid “funciona” y ha vinculado las restricciones ambientales con una mejora en la calidad del aire, asegurando que la ciudad mantiene la capacidad de desplazamiento de sus ciudadanos.
