La situación surge después de que el partido Vox presentara un escrito formal ante la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, comunicando la expulsión de Javier Ortega Smith, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano. Esta información fue confirmada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ortega Smith, por su parte, ha anunciado su intención de recurrir judicialmente lo que considera una expulsión «arbitraria» e «ilegal». A través de su cuenta en la red social X, el exdirigente de Vox calificó la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como una «vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente», tras desestimarse su recurso de alzada.

El alcalde Martínez-Almeida ha señalado que, una vez recibido el escrito, corresponde al presidente del Pleno, Borja Fanjul, con el apoyo jurídico del secretario general del Pleno, tomar las decisiones y emitir las resoluciones pertinentes. El regidor ya había solicitado previamente que se analizaran «todas las opciones» respecto a la situación de los concejales como no adscritos y el impacto en el grupo municipal de Vox.

Desde Vox, se ha defendido que la expulsión de Ortega Smith es el resultado de un proceso «riguroso y serio», llevado a cabo «conforme a los más exigentes cánones del Estado de Derecho». La decisión de Ortega Smith de acudir a los tribunales podría retrasar su cese como portavoz del grupo municipal en la capital, impidiendo que Arantxa Cabello, la sustituta designada por la dirección, asuma el cargo en Cibeles.

El Comité de Garantías de Vox anunció la expulsión de Javier Ortega Smith a principios de marzo, tras considerar que había cometido una «infracción muy grave» al frustrar su relevo en la portavocía del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que derivó en un expediente por desobediencia y la suspensión de su militancia.