La investigación, iniciada en octubre del año pasado, se puso en marcha tras la denuncia de una víctima que, desde el extranjero, buscaba alojamiento en Madrid para cursar un máster. Tras contactar con un anuncio y realizar una videollamada para ver la propiedad, la víctima abonó 4.000 euros en concepto de reserva, gestión y la primera mensualidad. Sin embargo, al llegar al inmueble, descubrió que el alquiler era una estafa, encontrándose con otras personas que también esperaban acceder al mismo piso.

El método empleado por el estafador consistía en alquilar propiedades como viviendas turísticas y, sin la debida autorización para subarrendar, las ofrecía como alquileres de larga duración a través de diversos portales inmobiliarios. Para eludir su localización, el individuo se comunicaba exclusivamente mediante aplicaciones de mensajería y seleccionaba preferentemente a víctimas que residían fuera de España, a quienes mostraba las viviendas a través de videollamadas.

En los casos en que los interesados insistían en visitar el inmueble, el estafador recurría a terceros, a quienes presentaba como «asistentes», y que desconocían la ilegalidad de la operación. Además, utilizaba la documentación proporcionada por las víctimas para abrir cuentas bancarias o suplantar la identidad de propietarios o gestores de los pisos, creando una falsa apariencia de legalidad.

El 21 de febrero se llevaron a cabo registros simultáneos en dos domicilios vinculados al investigado, donde se incautaron listados de pisos, horarios de citas, documentación variada, equipos informáticos, tarjetas bancarias y tarjetas SIM, así como material fotográfico profesional utilizado para la creación de los anuncios fraudulentos. La Policía también descubrió que el sospechoso utilizaba dos identidades distintas y carecía de residencia fija en España. Finalmente, fue detenido el 20 de febrero tras un dispositivo de localización y seguimiento, y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de estafa.