En una operación policial sin precedentes, la Policía Nacional ha logrado desmantelar dos complejas redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Las actuaciones se han saldado con la detención de once personas y la liberación de varias víctimas, entre ellas una menor de 15 años.
Las víctimas eran captadas en sus países de origen bajo falsas promesas de empleo, contrayendo posteriormente una deuda de hasta 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución en condiciones degradantes. La investigación, iniciada tras la denuncia de una de las afectadas, reveló un modus operandi basado en el engaño, la coacción y el control absoluto sobre las mujeres.
Las organizaciones utilizaban métodos de vigilancia constante, incluyendo cámaras y amenazas, llegando incluso a coaccionar a las víctimas mediante prácticas de santería y obligándolas a consumir sustancias estupefacientes. La falta de protección en la actividad sexual provocó que algunas mujeres contrajeran enfermedades de transmisión sexual con tratamientos médicos de por vida.
Una de las liberaciones más impactantes fue la de una menor de 15 años, quien era obligada a gestionar llamadas de hasta 100 clientes diarios a través de cuatro terminales móviles, informando sobre precios y servicios. La menor también era sometida a un sistema de multas por cualquier incumplimiento.
Se desarticularon dos organizaciones criminales y dos prostíbulos en Madrid, deteniéndose a once personas como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y organización criminal relativos a la prostitución.
Las entradas y registros se llevaron a cabo en varios domicilios de la ciudad de Madrid y en Alicante, culminando con la detención de los implicados. Dos de los arrestados han ingresado ya en prisión provisional, mientras que las víctimas liberadas han recibido asistencia y protección.
Las redes imponían un estricto sistema de multas a las víctimas, llegando a sancionarlas con 100 euros si no acudían a trabajar, incluso enfermas, o si llegaban tarde. La presión era tal que se les obligaba a realizar servicios sexuales sin protección, lo que llevó a embarazos y al uso forzado de píldoras abortivas.
La investigación también ha puesto de manifiesto el uso de páginas web eróticas para captar a las mujeres y la utilización de aplicaciones de mensajería para controlar la agenda de los clientes. Los prostíbulos operaban en tres domicilios durante 12 horas diarias, y las víctimas eran amenazadas con desvelar su identidad si intentaban abandonar el negocio.
