La Comunidad de Madrid continúa su labor contra las construcciones ilegales en la región con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística y proteger el suelo protegido. Recientemente, se han llevado a cabo dos actuaciones significativas en Fuente el Saz de Jarama, una localidad que ha experimentado una proliferación de edificaciones irregulares. Estas intervenciones han resultado en la demolición de 12 inmuebles que se habían levantado sobre zonas de especial protección ambiental.
La primera actuación, realizada el pasado 24 de junio, se centró en la demolición de tres instalaciones situadas en una parcela clasificada como Suelo No Urbanizable de Protección Faúnica según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. Estos terrenos también están afectados por la Vereda de San Agudín, una vía pecuaria con protección específica.
Para llevar a cabo este operativo, se contó con la colaboración del Cuerpo de Agentes Forestales autonómico y un dispositivo de la Guardia Civil, que incluyó efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y patrullas de Seguridad Ciudadana.
La segunda intervención tuvo lugar el 9 de julio y consistió en el derribo de nueve edificaciones ubicadas en Suelo No Urbanizable de Protección Edafológica y Paisajística. Esta zona, de carácter agrícola, posee una alta calidad paisajística y una sensibilidad freática que la hace vulnerable a la contaminación de aguas subterráneas por cualquier vertido.
Estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, gestionado a través de la Dirección General de Urbanismo. En menos de un año, la Comunidad de Madrid ha realizado un total de 17 derribos de edificaciones ilegales. De estos, cinco se ejecutaron de forma subsidiaria por la Administración regional y los 12 restantes fueron llevados a cabo voluntariamente por los responsables de las construcciones.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha recordado que las construcciones ilegales en suelo no urbanizable representan un grave riesgo para la protección del territorio, contribuyen a la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan inseguridad jurídica. Por ello, el Ejecutivo autonómico reafirma su compromiso con la defensa de la legalidad urbanística, la preservación del entorno natural y la lucha contra la ocupación irregular del suelo rural.
