La plataforma Comedor Universal por Derecho ha acusado a la Comunidad de Madrid de mantener un sistema de becas de comedor que “abandona” a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La organización presentó su segundo informe sobre las becas de comedor en la región, denunciando que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen reconocida esta ayuda.
Roberto Borda, portavoz de la plataforma, afirmó que el actual sistema de ayudas “no es capaz de cuidar a las infancias” y subrayó la importancia de garantizar el derecho a la alimentación y a la educación en igualdad de condiciones. "De cada diez infancias que están en situación de pobreza hay dos abandonadas a su suerte porque el sistema de becas no les llega", manifestó. "Saber que en la tercera región más rica de Europa hay niños a los que no se les asegura el derecho a la alimentación nos llena de dolor", lamentó.
El informe sitúa el origen del problema en la reforma del sistema de becas implantada por la Comunidad de Madrid en 2023. Según la plataforma, la región mantiene congelado el presupuesto destinado a becas mientras aumenta el número de solicitudes y crece la pobreza infantil. Alrededor del 33 por ciento de los escolares madrileños vive en situación de pobreza, pero las ayudas de comedor apenas alcanzan al 15 por ciento del alumnado, lo que deja a cerca de 300.000 menores de familias con dificultades económicas con esta necesidad sin cubrir.
Uno de cada tres escolares vive en situación de pobreza y solo cuatro de cada diez niños empobrecidos tienen beca
Borda insistió en que el comedor escolar no solo es crucial para la alimentación, sino también para la educación y la socialización. "Las niñas y niños valoran jugar con sus amigos en el patio, espacios más allá del aula… Eso, si el estómago lo tienes vacío, siempre va a ser más complicado", explicó. Añadió que "está demostrado que en los centros donde hay comedor universal mejoran los resultados académicos".
La plataforma también critica la tramitación de solicitudes para familias migrantes, señalando que la administración exige acreditar ingresos de años anteriores, lo que excluye a muchos menores cuyos padres no disponían de permiso de residencia o trabajo en aquel momento. Calculan que al menos 21.000 solicitudes denegadas corresponden a familias migrantes, lo que sugiere un sesgo discriminatorio en el sistema.
Además, consideran el modelo "aporófobo", discriminatorio hacia las personas pobres. Las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital apenas obtienen un 9 por ciento de concesiones, mientras que las becas concedidas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado un 34 por ciento. "No puede ser que las infancias más empobrecidas no estén en el centro de esta política pública", criticó Roberto.
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El informe destaca la invisibilización de familias monomarentales, que no tienen una categoría específica en los formularios actuales, a pesar de ser uno de los colectivos con mayores tasas de pobreza. Respecto al copago, la mayoría de las familias deben seguir abonando parte del coste del comedor, con solo un 2 por ciento de las ayudas cubriendo el importe completo.
La organización denunció la complejidad y el coste creciente de la gestión administrativa tras la externalización del servicio, contrastando con la sencillez anterior cuando la tramitación se realizaba en los propios colegios. La principal reivindicación de la plataforma sigue siendo la implantación de un comedor universal y gratuito para todo el alumnado, como única vía para eliminar la estigmatización y garantizar la igualdad real en las escuelas.
