El autor expresa serias dudas sobre la defensa de la instrucción y las medidas dictadas por el juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. Se critica la retirada del pasaporte y otras cautelares, así como la decisión de enviar el caso a un jurado, medidas que se espera sean revocadas por la Audiencia Provincial de Madrid.
Se argumenta que el magistrado muestra un "empeñamiento poco jurídico" y un "auténtico 'lawfare'" contra la esposa del inquilino de La Moncloa. Si bien no se defiende la actuación de Gómez en relación con sus negocios, se señala que su conducta, aunque escandalosa para la opinión pública, no la convierte en delincuente en un sentido estricto.
“"Retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y, encima, sugerir que sus propios escoltas pueden ayudarla a huir, parece muy fuerte."
Se plantea la dificultad de garantizar la imparcialidad de un jurado ante la figura de Begoña Gómez, dada la controversia constante que rodea a su marido, Pedro Sánchez. Se critica la incapacidad del juez Peinado, próximo a la jubilación, para redactar autos comprensibles y con corrección ortográfica, sugiriendo que su actuación merece un "repudio político, ético y estético", pero no necesariamente una causa penal que justifique medidas cautelares extremas.
Se insta al Consejo del Poder Judicial a requerir formalmente al juez Peinado para que rectifique sus "excesos". El artículo también señala que las acciones del juez no deben extenderse a otros magistrados que instruyen casos incómodos para el Gobierno, ni salpicar al Tribunal Supremo. Se subraya la urgencia de restablecer la confianza en la justicia, criticando la contribución de ministros como Félix Bolaños y otros miembros del Gobierno, así como de magistrados que se identifican políticamente.
Finalmente, se aboga por restablecer el prestigio de las fuerzas del orden y se sugiere que Pedro Sánchez debería haber abandonado el poder hace meses. Se cuestiona la posibilidad de que Sánchez repita mandato, indicando que el juez Peinado, a pesar de ser considerado un "baldón para el estamento judicial", está haciendo más evidente esta imposibilidad.
