La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha lanzado una seria advertencia sobre el estado del asilo en España y Europa, destacando que las denominadas “políticas hostiles” están impidiendo que millones de personas busquen protección en países seguros, obligándolas a permanecer en entornos de alto riesgo. A pesar de un ligero descenso global en el número de personas desplazadas forzosamente en 2025, hasta los 117,5 millones, CEAR subraya que la necesidad de protección internacional no ha disminuido, sino que se ha visto agravada por conflictos, violencia, inestabilidad política y la crisis climática.
El informe de CEAR interpreta este descenso global no como una mejora de las condiciones de guerra o persecución, sino como el resultado de un aumento de las “barreras para pedir protección”. La Comunidad de Madrid se consolida, una vez más, como el principal punto de llegada y tramitación de solicitudes de asilo en España, concentrando 3 de cada 10 peticiones registradas en el país, con un total de 43.585 solicitudes en 2025. Le siguen Andalucía (20.013) y Catalunya (17.206). A pesar de esta concentración, la región madrileña experimentó una caída del 8% en las solicitudes respecto al año anterior.
A nivel nacional, España registró una reducción del 13,7% en las solicitudes de asilo, rompiendo la tendencia alcista de años previos. CEAR atribuye esta disminución a acuerdos con terceros países para frenar los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería. Un dato especialmente alarmante es el descenso de más de siete puntos en la tasa de reconocimiento de asilo, que se sitúa en el 11%, colocando a España entre los países con menor índice de resoluciones favorables de la Unión Europea, muy por debajo de la media europea del 34%.
La organización también expresa su preocupación por el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio. CEAR advierte de que esta normativa podría dificultar aún más el acceso a la protección, especialmente por la creación de listas de países considerados seguros, cuestionando la inclusión de naciones con déficits en derechos humanos. Asimismo, alerta sobre el Reglamento de Retorno y sus medidas de detención prolongada o expulsiones a terceros países.
El informe de CEAR extiende sus denuncias a vulneraciones de derechos dentro de España, afectando el acceso al Ingreso Mínimo Vital, a una vivienda digna y al empadronamiento. Se señala además un preocupante aumento del racismo y la xenofobia, con un incremento del 23,6% en delitos e incidentes de odio en 2025, la cifra más alta registrada por el Ministerio del Interior. Ante esta escalada, CEAR reclama un Pacto de Estado contra el odio.
En cuanto a las rutas migratorias, se observa una reducción del 62% en las llegadas a las costas canarias, mientras que las Baleares han visto un aumento del 24,5%. CEAR recuerda que el 15% de las llegadas a las costas son de menores no acompañados y aboga por la habilitación de vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y prevenir muertes en las rutas.
Durante la presentación del informe en el Congreso de los Diputados, se dio a conocer el nuevo Comité de Personas Refugiadas, impulsado por CEAR para fomentar la participación y representación de personas con experiencia de desplazamiento forzoso. Figuras como Ashtar Alahmad, refugiada siria, y Kadiata Malick Diallo, diputada mauritana, participaron en el acto, subrayando la importancia de la acogida y la protección.
