El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aprobó el pasado 24 de junio un traspaso de fondos por valor de 257 millones de euros. Estos fondos, procedentes de varios entes y organismos autonómicos, se destinan al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para hacer frente a la tramitación de facturas en gastos corrientes de bienes y servicios, ya que los créditos presupuestarios de 2026 resultan insuficientes.
El dinero proviene de fondos disponibles considerados “no necesarios para el ejercicio de la actividad presupuestaria” en seis organismos del sector público institucional. El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) aporta 124 millones de euros y la Agencia de Contratación Sanitaria, 59,9 millones. La Agencia Madrileña de Atención Social contribuye con 32,1 millones, y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, con 22,5 millones. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 destina 17,5 millones, y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1,63 millones.
El acuerdo, validado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, justifica la medida por una “situación excepcional” debido a “tensiones financieras” que podrían demorar los pagos a proveedores. Se admite que la necesidad no puede satisfacerse con los procedimientos ordinarios de gestión presupuestaria.
El informe de la Intervención General detalla que el crédito faltante se destinará a la financiación de hospitales, recetas médicas y pago de facturas sanitarias. La Dirección General de Presupuestos también dio luz verde a la iniciativa.
Fuentes de la Consejería de Sanidad califican esta operación como una práctica habitual y no una excepcionalidad, afirmando que “todo remanente disponible, perfectamente auditado y pasado por el Consejo de Gobierno, puede emplearse precisamente en Sanidad”. Señalan que este mecanismo se ha utilizado en otras ocasiones.
Sin embargo, la Consejería de Sanidad ha solicitado un total de 588 millones de euros adicionales. La Paz y el Doce de Octubre son los hospitales que concentran la mayor parte de esta petición, con más de 95 y casi 91 millones de euros respectivamente. Otros centros como el Ramón y Cajal o el Clínico San Carlos también recibirían cantidades superiores a 50 millones.
Desde el PSOE de Madrid, la diputada autonómica Sara Bonmati critica la medida, considerándola un “intento de tapar el desmantelamiento del sistema público de salud”. Denuncia recortes en Emergencias 112, atención social, residencias de mayores y transporte público, mientras la sanidad sufre un “colapso”.
Bonmati alerta de que faltan por transferir otros 325,8 millones de euros para el funcionamiento ordinario, y cuestiona qué otros recursos serán recortados para cubrir las necesidades de la Sanidad Pública madrileña.
