La primera sesión se centró en la selección del jurado y en la presentación de los informes preliminares por parte de la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas. La víctima, que regresaba a su domicilio tras su jornada laboral en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, colisionó con los vehículos de los acusados en el kilómetro 11 del túnel, mientras estos circulaban a gran velocidad y de forma temeraria.
Se podía prever que alguien podía morir.
El fiscal especializado en Seguridad Vial calificó los hechos como “un acto consciente” y no como un accidente fortuito. Según su versión, los acusados mantuvieron una carrera peligrosa de casi cuatro kilómetros, realizando maniobras arriesgadas como adelantamientos en zigzag, cambios bruscos de carril y conducción en paralelo.
Uno de los implicados dio positivo en consumo de cocaína, cannabis y otras sustancias, además de carecer de permiso de conducir. El otro conductor sostiene que su consumo de drogas se produjo después del siniestro. Las acusaciones particulares, representadas por la familia del médico, defienden que se trata de un homicidio con dolo eventual, argumentando que los acusados eran plenamente conscientes del riesgo generado.
Por su parte, las defensas cuestionaron la validez de las mediciones de velocidad realizadas por la Policía Municipal y la calificación jurídica del caso. Un abogado argumentó que su cliente no realizó maniobras temerarias y fue expuesto al peligro por la conducción del otro implicado. La defensa del segundo acusado insistió en que los hechos deben considerarse un homicidio imprudente, sin intención de causar la muerte, y puso en duda la relevancia del consumo de drogas para determinar la responsabilidad penal.
El proceso judicial continuará con la exhibición de las imágenes grabadas por las cámaras de tráfico, la declaración de testigos y peritos, y la presentación de otras pruebas. Tras estas diligencias, el jurado popular deberá decidir si los hechos constituyen un homicidio doloso o imprudente.
