La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha defendido la designación de los expresidentes regionales Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como integrantes de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Albert argumentó que su incorporación aporta "perfiles profesionales con tanto talento" y reivindicó la "enorme valía, tanto profesional como política" de los tres exmandatarios, asegurando que su experiencia contribuirá a "mejorar" la regulación y las normas de la región.
El Consejo de Gobierno aprobó estos nombramientos a finales de julio. La Comisión Jurídica Asesora es un órgano consultivo encargado de emitir dictámenes sobre asuntos de especial relevancia jurídica para el Ejecutivo autonómico y otras administraciones públicas. Estos nombramientos se amparan en el Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid (Decreto 59/2025), que permite que aquellos que ejercieron el cargo por al menos dos años puedan ser vocales electivos de este órgano tras su cese.
El estatuto, aprobado hace un año, busca equiparar las condiciones de los expresidentes madrileños a las de otros cargos a nivel estatal y autonómico. La normativa contempla una compensación económica equivalente al 80% de sus retribuciones durante un máximo de 24 meses, además de una indemnización de 750 euros por participación en comisiones y la posibilidad de disponer de medios de asistencia durante los dos años posteriores a su cese.
La decisión ha suscitado críticas por parte del PSOE-M, que acusa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de buscar el "apoyo" de los expresidentes para defenderse en asuntos como el ático de Chamberí. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también cuestionó los nombramientos, sugiriendo que responden a la intención de "garantizar sus propias condiciones" y criticando la falta de "transparencia y ejemplaridad", calificándolos de "oscurantismo" y una "compensación económica".
Martín reclamó "transparencia y ejemplaridad" y consideró que los nombramientos están "cargados de oscurantismo", sugiriendo que la principal motivación es la compensación económica. Además, cuestionó la "calidad democrática" de la Comunidad de Madrid.
