La resolución judicial considera que el anterior señalamiento no respetaba el plazo mínimo legal para casos en los que el inmueble constituye la residencia habitual del afectado, fijando así una nueva fecha para el lanzamiento.
Sin embargo, el juzgado ha rechazado suspender el procedimiento en los términos solicitados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que había reclamado paralizar el desahucio hasta que las administraciones acreditaran haber buscado una alternativa habitacional para la afectada. El órgano judicial sostiene que las distintas administraciones han contado con tiempo suficiente durante los aplazamientos anteriores para adoptar una solución.
El Sindicato de Inquilinas, que acompaña a Maricarmen, denuncia que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central le han ofrecido hasta ahora una vivienda alternativa. Naciones Unidas ha instado al Estado español a evitar el desahucio y a garantizar una solución residencial adecuada, concediéndole hasta diciembre para informar sobre las medidas adoptadas.
Este caso se ha convertido en uno de los más representativos del conflicto por el acceso a la vivienda en la capital. Maricarmen afronta ya el tercer intento de lanzamiento desde que el edificio fue adquirido en 2018 por la empresa Urbagestión, tras una operación en la que se planteó una subida del alquiler del 250%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber planteado distintas vías para resolver el conflicto, como la compra pública del inmueble o cambios normativos para reforzar la protección de los arrendatarios, aunque afirma no haber obtenido respuesta institucional.
Tras el aplazamiento, las movilizaciones previstas se celebrarán el 22 de septiembre, un día antes de la nueva fecha fijada para el desahucio, al considerar que la prórroga judicial no resuelve definitivamente la situación de la octogenaria.
