El gobierno municipal de Madrid continuará con la estrategia de vender suelo público a promotoras privadas, bajo la condición de que las viviendas resultantes ofrezcan alquileres asequibles durante un periodo de siete años. Esta decisión se produce después de que se conociera que cinco parcelas vendidas bajo esta misma fórmula en Arganzuela están siendo ofrecidas para el autoalquiler por sumas que alcanzan los 660.000 euros.
El caso, calificado de "escándalo" por la oposición de Más Madrid, revela cómo una cooperativa adquirió parcelas de suelo público a bajo coste, destinadas teóricamente a alquileres asequibles. Sin embargo, la promotora estaría facilitando a los compradores la posibilidad de alquilar cada piso a sí mismos, una práctica que el alcalde Martínez-Almeida ha defendido asegurando que "se cumple escrupulosamente la legalidad" y que los cooperativistas no son aún propietarios.
A pesar de las críticas, el primer edil anunció la próxima venta de diez parcelas adicionales, valoradas en más de 82 millones de euros, para construir alrededor de mil viviendas. La nueva fórmula incluirá la opción a compra, permitiendo a los inquilinos deducir parte de las rentas pagadas del precio final de adquisición. "Es lo que a las personas les da seguridad", afirmó el alcalde, justificando este modelo frente a los alquileres a largo plazo y la recuperación de las parcelas por parte del consistorio.
Las nuevas parcelas, con una superficie edificable de 70.410 m2, se ubican en Vicálvaro, en los desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales. Se prevé que la mitad de las viviendas se reserven para menores de 35 años, con alquileres y precios de venta estimados un 31% inferiores a los del mercado actual. El diseño de la edificación tendrá un peso significativo en el concurso de adjudicación, seguido de la propuesta económica.
“"Lo que anuncia Almeida es casi peor que lo que ya denunciamos con la parcela de Mahou Calderón. No serán viviendas protegidas, sino libres, lo que genera muchas incógnitas, como que ocurrirá cuando pasen los siete años y haya inquilinos que ejerzan su derecho a compra. Este suelo es de los madrileños, no es de Almeida ni de sus amigos del ladrillo. Cuando entregas suelo público para que el privado construya y cobre, lo pierdes para siempre."
Desde Más Madrid critican que esta operación supone "malvender el patrimonio público para que fondos y promotoras se forren", mientras la gente "normal" sigue sin poder acceder a un alquiler asequible. La oposición propone como alternativa la creación de un parque público de vivienda en alquiler, gestionado por el Ayuntamiento, con precios ajustados al salario real de las familias.
