Un incidente ocurrido el pasado viernes en unas pistas deportivas municipales del barrio del Ensanche ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos vecinos de la ciudad resultaron agredidos tras una disputa relacionada con el uso de las instalaciones, y fuentes policiales citadas por el Consistorio apuntan a varios internos del centro de acogida como presuntos responsables.
La controversia se intensificó tras unas declaraciones de la alcaldesa, Judith Piquet, en las que defendía la necesidad de reforzar los efectivos policiales y mencionaba una relación entre inmigración y delincuencia, en referencia a problemas de convivencia denunciados en el entorno del CAED. Estas afirmaciones provocaron una dura respuesta del delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien acusó a la regidora de mantener un discurso racista.
Piquet replicó utilizando la agresión ocurrida horas antes como argumento, reclamando al delegado que implementara un plan de seguridad en lugar de acusarla de racismo. La alcaldesa reiteró la petición de medidas específicas para reforzar la seguridad y la convivencia en el área del centro de acogida, una demanda recurrente desde la apertura de estas instalaciones.
Este suceso pone de relieve el enfrentamiento institucional que se mantiene desde hace más de dos años entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno por la gestión del CAED, las medidas de seguridad y su impacto en la convivencia vecinal. Mientras el Consistorio insiste en la necesidad de más recursos policiales y planes específicos, la Delegación del Gobierno defiende la actuación de las fuerzas de seguridad y niega una situación excepcional de inseguridad vinculada al centro.
