Este acuerdo, que ha contado con el voto favorable de ambos grupos, sumando 81 diputados de 135, marca un hito al ser el primer parlamento regional en dar validez a una de las propuestas más controvertidas de Vox. La iniciativa, inicialmente planteada por los representantes de Vox, fue posteriormente matizada por el Partido Popular.
La Proposición No de Ley (PNL) insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a solicitar al Gobierno de la nación que garantice la 'prioridad nacional' y la sostenibilidad del Estado de bienestar. La propuesta original de Vox buscaba priorizar el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda para los nacionales, así como suspender la regularización de migrantes y activar la 'remigración' de aquellos extranjeros que no contribuyen a la economía nacional.
“"No es algo radical, sino de sentido común."
La iniciativa ha sido objeto de críticas por parte de sectores progresistas, que la han calificado de 'racista', 'xenófoba' e 'ilegal', argumentando que contraviene los principios constitucionales de igualdad. En respuesta, el Partido Popular presentó una enmienda para vincular la 'prioridad nacional' al 'arraigo real, duradero y verificable' de los ciudadanos en el lugar donde viven, estudian, trabajan y pagan impuestos, en lugar de basarse en el país de origen o la nacionalidad.
“"Si 'prioridad nacional' se refiere, como nos referimos nosotros, a una prioridad del arraigo y no de origen o de nacionalidad, estaremos de acuerdo."
Esta enmienda establece un 'periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio', y condiciona el acceso a ayudas a la trayectoria de cotización y contribución al sistema, excluyendo a quienes se encuentren en situación irregular de prestaciones y servicios sociales estructurales, salvo en casos de urgencia vital. Por ejemplo, en vivienda protegida, se priorizaría a quienes tengan un empadronamiento histórico en el territorio, con un mínimo de diez años para compra y cinco para alquiler.
A pesar de las reticencias iniciales, Vox aceptó la enmienda, lo que permitió el avance de la PNL. Posteriormente, el Partido Popular también votó a favor de otra PNL para garantizar la expulsión de extranjeros en caso de delitos graves o reincidentes, y para instar al Gobierno de la nación a derogar el Real Decreto de regularización masiva de inmigrantes, argumentando que carece de mecanismos de control y vulnera principios europeos en materia migratoria.
