Los activistas, conocidos como 'Las 8 de Becerril', han presentado este miércoles una campaña de apoyo ante la Fiscalía General del Estado, impulsada por la Asamblea de Vivienda de Villalba y Amnistía Internacional. Han anunciado también la creación de un crowdfunding para recaudar al menos 20.000 euros destinados a cubrir los gastos del procedimiento judicial, denunciando la que consideran una criminalización de la protesta pacífica.
Los hechos se remontan al 13 de septiembre de 2025, durante la penúltima etapa de La Vuelta, cuando más de un centenar de personas protestaron contra la presencia del equipo Israel Premier Tech. Según la Asamblea de Vivienda de Villalba, dos activistas se descolgaron de un puente con una pancarta, mientras otros manifestantes ocuparon la carretera en Becerril de la Sierra.
Pablo González, el único detenido aquel día, calificó el procedimiento judicial como un "castigo ejemplarizante" dirigido al movimiento de solidaridad con Palestina. Relató haber sufrido una detención "desproporcionada" por parte de la Guardia Civil, que le causó lesiones y le rompió las gafas al aplastarle la cara contra la cuneta.
Los activistas enfrentan acusaciones de atentado a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos, delitos que podrían acarrear penas de prisión. Su abogado, Diego Redondo, ha denunciado que la causa busca ser un "escarmiento" contra las protestas propalestinas. Los encausados han sido citados a declarar el próximo 21 de octubre en un juzgado de Collado Villalba, y niegan rotundamente los hechos.
Redondo ha calificado el caso como un "juicio político", señalando la "hipocresía" de un "Estado que anima al boicot y la movilización y luego encausa a activistas". Ha recordado que se les atribuyen presuntos delitos de atentado, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos.
Los activistas criticaron la "hipocresía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "animar al boicot, pero solo al que él quería", y advirtieron que convertirán el proceso judicial en una causa política. Defendieron la desobediencia civil como herramienta legítima y exigieron el archivo de la causa.
Daniel Canales, de Amnistía Internacional España, afirmó que "protestar no es un delito" y expresó su confianza en que el procedimiento "no tenga más recorrido", advirtiendo del "efecto disuasorio" de los cargos penales contra acciones pacíficas.
Sobre la posibilidad de que la Comunidad de Madrid, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, se persone como acusación particular, Redondo considera que fue un "titular político" y que una eventual personación supondría "otra limitación más del derecho a la protesta".
