El balance provisional de salud laboral de marzo revela que la región madrileña sufrió tres fallecimientos en el ámbito profesional. Dos de estas muertes ocurrieron durante la jornada laboral, mientras que la tercera se produjo en la modalidad in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo.
Las dos muertes en jornada laboral se localizaron en el sector industrial. Una de ellas fue causada por una patología de carácter no traumático, y la otra por un aplastamiento. Aunque la cifra de fallecidos es menor que en periodos anteriores, CCOO Madrid considera que estos datos son inaceptables para la seguridad de los trabajadores.
Estos números evidencian un problema estructural en la prevención de riesgos. La diferencia entre una lesión muy grave y un fallecimiento es fruto exclusivamente del azar, lo que impide que la leve bajada en la mortalidad oculte el deterioro general de las condiciones de seguridad.
El dato más preocupante del informe es el fuerte repunte de los accidentes de carácter grave. En marzo se contabilizaron 43 siniestros graves durante la jornada laboral, lo que representa un incremento del 72% en comparación con el mismo mes del año 2025. Si se consideran todos los accidentes graves, incluyendo los desplazamientos, la subida supera el 45%.
El reciente accidente por aplastamiento ha reabierto el debate sobre la gestión de cargas y la organización de tareas. CCOO Madrid insiste en que las evaluaciones de riesgos actuales no se traducen en medidas preventivas efectivas en los centros de trabajo, señalando la falta de medios, planificación y supervisión como causas directas.
Ante esta situación, la organización sindical ha presentado una serie de demandas urgentes. Entre ellas, se incluye la implementación de planes de movilidad específicos por parte de las empresas para reducir el riesgo in itinere, la realización de evaluaciones de riesgos que sean realmente efectivas y no solo administrativas, un mayor control y vigilancia sobre las compañías que incumplen la normativa, y una mayor inversión en formación y recursos para evitar que los trabajadores se expongan a situaciones prevenibles. El sindicato concluye que la mayoría de estos incidentes no son inevitables, sino el resultado de una falta de previsión y de un control deficiente en el cumplimiento de la ley de prevención.
