El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz manifiesta su rechazo a la política migratoria del Gobierno de España y reprueba su gestión por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales, a pesar de tratarse de competencias propias de la Administración General del Estado.
El Pleno de Torrejón de Ardoz rechaza la regularización masiva de inmigrantes
La moción, aprobada con el apoyo del Partido Popular, critica la política migratoria del Gobierno de España por su falta de planificación y recursos.
Por Patricia Gómez Navarro
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Imagen genérica de un micrófono en un podio durante una sesión plenaria.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha aprobado una moción que expresa su rechazo a la política de regularización masiva de inmigrantes del Gobierno de España, argumentando una falta de planificación y recursos adecuados.
Durante la sesión plenaria celebrada en Torrejón de Ardoz, la propuesta fue respaldada por los concejales del Partido Popular. La moción subraya que la medida estatal carece de datos, planificación, coordinación y previsión, además de no contar con los recursos suficientes ni respetar a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
El texto aprobado también hace referencia a la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de regularización. La Comunidad de Madrid considera que esta normativa “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios”.
Asimismo, el Ayuntamiento insta al Gobierno de España a retirar el Real Decreto de regularización masiva, argumentando que carece de los mecanismos de control necesarios, vulnera los principios europeos en materia migratoria y contraviene los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Se solicita que cualquier modificación en materia de extranjería se tramite como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario y la seguridad jurídica.
El acuerdo exige que cualquier proceso de regularización sea individualizado, acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente y criterios claros. También se demanda una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar el impacto de estos procesos, tanto en la tramitación como en el desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral.
Finalmente, la propuesta denuncia el colapso de los servicios sociales y de atención ciudadana en Torrejón de Ardoz, atribuyéndolo a esta política migratoria y a la falta de planificación y dotación económica por parte del Gobierno de España.



