La movilización, conocida como la 'marea amarilla', va más allá de una simple reivindicación laboral, presentándose como un clamor colectivo en defensa de la calidad educativa y el bienestar de la infancia. El conflicto refleja un descontento acumulado durante años, que ahora se manifiesta con fuerza en las calles de la ciudad.
Las profesionales que sustentan esta etapa crucial del sistema educativo denuncian condiciones que consideran precarias e incompatibles con la responsabilidad diaria. Entre sus quejas se incluyen salarios que apenas superan el mínimo interprofesional y ratios elevadas: una educadora para ocho bebés, catorce niños de uno a dos años, o veinte en el tramo de dos a tres. Además, señalan la creciente complejidad en las aulas, con la presencia de menores con necesidades educativas especiales, un escenario que, según el colectivo, sitúa a España a la cola de Europa en este ámbito.
No se trata de un problema sectorial, sino de una cuestión estructural que afecta al conjunto de la sociedad.
La situación se agrava al compararla con otros municipios de la Comunidad de Madrid, donde se han implementado mejoras como la figura de la pareja educativa. En contraste, las profesionales de Alcalá de Henares aseguran seguir sujetas a una normativa obsoleta. La falta de información por parte del Ayuntamiento sobre los nuevos pliegos de las escuelas infantiles de gestión indirecta genera incertidumbre entre las trabajadoras y las familias, mientras otros municipios avanzan en procesos de licitación que permitirán mejoras salariales.
Otro punto central de la protesta es el deterioro de las condiciones materiales de los centros. Las escuelas infantiles municipales carecen de climatización, lo que provoca que en verano las aulas superen los 30 grados con bebés en su interior. Las soluciones adoptadas, como la instalación de ventiladores, son insuficientes. También se denuncian filtraciones en los tejados, goteras, puertas deterioradas y patios en mal estado, una imagen que el colectivo considera impropia para un entorno educativo de primera infancia. La ausencia de toldos limita el uso de los patios durante gran parte del año, reduciendo las oportunidades de juego y desarrollo de los menores.
Las educadoras y educadores han decidido alzar la voz, no solo por su dignidad laboral, sino también por la calidad del servicio que reciben los niños y niñas. Hacen un llamamiento a la ciudadanía y a los responsables políticos, pidiendo respuestas, diálogo y medidas concretas, subrayando que no puede haber educación de calidad sin condiciones dignas para quienes la hacen posible.
