La falta de una política migratoria clara y el descontrol en las fronteras, junto con un discurso que fomenta un “efecto llamada”, han sido señalados como causas de la situación actual. La carga de gestionar las consecuencias de esta política recae, según las críticas, en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que deben afrontar la situación con sus propios recursos.
Las regularizaciones extraordinarias, concebidas como mecanismos puntuales para situaciones administrativas irregulares, requieren un cuidado especial en su aplicación. Sin embargo, la incorporación del certificado de vulnerabilidad como herramienta para justificar el arraigo ha generado controversia. Se argumenta que el arraigo social es fundamental para combatir a las mafias y acreditar los vínculos reales de los ciudadanos con su municipio, algo que no se demuestra únicamente con un certificado de empadronamiento.
“"Cuando vemos largas colas ante los ayuntamientos, lo que se hace visible es algo más profundo: los Servicios Sociales necesitan tiempo para hacer bien su trabajo, para demostrar esos vínculos, algo que no se demuestra con un certificado de empadronamiento."
Los Servicios Sociales, que trabajan desde la escucha y la cercanía, se ven desbordados al tener que exigir informes complejos en plazos ajustados. Esto provoca retrasos, frustración y una sensación de abandono que no beneficia a nadie. La regularización masiva, se afirma, carece de los mecanismos de control necesarios y vulnera los principios europeos en materia migratoria, contraviniendo los objetivos del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Se ha criticado que cualquier modificación en materia de extranjería debería haberse tramitado como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario y la seguridad jurídica. La concentración masiva de solicitudes en el ámbito local está generando tensiones organizativas, listas de espera y dificultades para ofrecer una respuesta ágil, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y la calidad del servicio.
Muchas de las personas que llegan al país buscan seguridad jurídica, transparencia y un trato digno. Cuando los procedimientos de regularización se gestionan con improvisación o demagogia, no solo se perjudica a quienes necesitan regularizar su situación, sino que se generan falsas expectativas, se tensionan los servicios públicos y se resiente la confianza en la administración. Una buena gestión migratoria requiere planificación, coordinación entre administraciones y un compromiso real con los derechos civiles.
