Durante una sesión plenaria extraordinaria celebrada esta mañana, el alcalde, Ángel Viveros, tomó la decisión de posponer el debate de varias enmiendas del PP. Estas propuestas, que buscaban reducir la tasa de residuos para los vecinos en 2027, fueron cuestionadas por los responsables técnicos de Intervención, Secretaría General y Hacienda, cuyos análisis respaldan los criterios de actualización propuestos por el equipo de Gobierno.
Un informe del director del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Coslada pone en entredicho la viabilidad jurídica y económica de varias de estas propuestas, concluyendo que algunas aportaciones no deben ser tomadas en consideración. Una de las principales objeciones se refiere a la propuesta del PP de reducir en 94.353,35 euros el coste del servicio, basándose en ingresos estimados por la anterior concesionaria de papel y cartón. El informe advierte de que esta cantidad no está acreditada como ingreso efectivo y que no existe una determinación administrativa de la deuda, tratándose de una estimación que no se ajusta a la normativa vigente.
El informe también analiza las bonificaciones propuestas por el PP, como las relativas al Punto Limpio, familias numerosas, compostaje doméstico y prevención de residuos alimentarios. Si bien algunas tienen cobertura normativa, Hacienda señala problemas en su regulación, especialmente en la compatibilidad y acumulación de bonificaciones, la identificación de beneficiarios y los mecanismos de comprobación. La propuesta de reducción del 100% para actividades económicas con gestores autorizados ya está contemplada en la ordenanza, lo que podría generar duplicidades.
Otra objeción se centra en descontar del coste del servicio las cantidades recuperadas mediante penalizaciones, indemnizaciones o incautaciones de garantías a empresas contratistas. Hacienda duda de esta modificación, ya que las penalidades contractuales tienen naturaleza coercitiva y no constituyen ingresos directos del servicio ni una minoración automática de su coste.
Finalmente, el documento analiza la propuesta de implantar progresivamente un sistema de pago por generación en cinco años. Hacienda considera que esta medida requiere un estudio técnico y económico específico, inversiones y medios para identificar y medir los residuos, por lo que no se puede establecer un calendario de implantación sin acreditar su viabilidad y recursos necesarios.
El Área de Hacienda concluye que no procede tomar en consideración estas y otras enmiendas por no ajustarse a la normativa o al objeto del expediente, mientras que otras propuestas quedan sujetas a observaciones jurídicas y técnicas. El Ayuntamiento de Coslada defiende que la modificación de la tasa debe basarse en rigor económico, seguridad jurídica y transparencia.
