La decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta resolución reabre la discusión sobre la validez de las sanciones impuestas a conductores por acceder o circular en la zona con restricciones, específicamente aquellas aplicadas hasta el 6 de abril de 2026. Las multas posteriores a esta fecha se basan en una nueva ordenanza de movilidad.
La justicia ha señalado deficiencias en la creación de la ZBE, destacando la falta de un análisis económico riguroso que evaluara el impacto real de las restricciones en los ciudadanos, especialmente en aquellos con menos recursos para cambiar de vehículo. El tribunal consideró que una limitación tan significativa de la circulación debe equilibrar los beneficios medioambientales con sus efectos sociales y económicos.
“"Cuando una norma es anulada por los tribunales, la Administración debe actuar con responsabilidad y respeto a los derechos de los consumidores."
Desde un punto de vista práctico, la anulación de los efectos de la ZBE genera inseguridad jurídica para miles de conductores sancionados hasta marzo de 2026. La situación varía según el caso: quienes recurrieron la multa y mantienen el procedimiento abierto tienen más posibilidades de recuperar el dinero. Sin embargo, aquellos que pagaron sin recurrir enfrentan un proceso más complejo, que implica solicitar la nulidad de pleno derecho, un procedimiento jurídicamente más restrictivo.
La OCU ha recordado a los afectados por sanciones de la ZBE que la posibilidad de reclamar depende del estado de su expediente. Si la multa está en plazo, se pueden presentar alegaciones. Si se recurrió y no hay respuesta, se debe insistir en la nulidad. Si las alegaciones fueron desestimadas pero aún están en plazo, se puede presentar un recurso de reposición. Para quienes pagaron sin recurrir, la recuperación es más difícil, aunque la nulidad de pleno derecho podría ser una opción. En caso de nuevas multas bajo la ordenanza anterior, se aconseja presentar alegaciones y basarse en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar la anulación.
La OCU reafirma su compromiso con medidas efectivas para reducir la contaminación y promover una movilidad sostenible, pero insiste en que estas políticas deben aplicarse respetando la legalidad, la transparencia, la proporcionalidad y la protección de los colectivos más vulnerables.
