Esta demanda surge de un informe que detalla cómo la escasez de recursos humanos está comprometiendo el funcionamiento de la Administración de Justicia en la región. El documento fue presentado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño, quien criticó la "insuficiencia de medios" y acusó al Gobierno central de mantener una Justicia "maniatada y sumisa".
Los datos revelan que, a finales de 2024, Madrid contaba con 732 jueces y magistrados activos, lo que representa una ratio de 10,4 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se sitúa por debajo de la media nacional (11,9) y muy lejos de la europea (17,4). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había solicitado la cobertura inmediata de 142 plazas, a las que se sumarían más de 350 adicionales en los próximos cinco años.
El problema no se limita a la carrera judicial. En cuanto al personal funcionario, la Administración de Justicia en Madrid cuenta con 7.811 empleados, de los cuales 3.090 no son funcionarios de carrera. A esta alta temporalidad se añade el envejecimiento de la plantilla, con una edad media superior a los 50 años y 454 jubilaciones en los últimos dos años.
El panorama descrito por el Ejecutivo autonómico es el de una estructura con plantillas envejecidas, una elevada interinidad y una cobertura insuficiente para el volumen de asuntos que gestionan juzgados, fiscalías y otros servicios judiciales en una región con una alta densidad demográfica y una litigiosidad considerable.
“"La insuficiencia de medios que padece la Justicia madrileña la mantiene maniatada y sumisa."
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la eliminación de la tasa de reposición, una medida que consideran crucial para abordar la problemática del personal.
