La iniciativa, que contó con el respaldo del Partido Popular y Vox, surge como respuesta a incidentes recientes, como los ocurridos durante una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Esta medida amplía los supuestos en los que el Ejecutivo autonómico puede ejercer la acción popular, una figura ya utilizada en casos de terrorismo o violencia de género.

Durante el debate parlamentario, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió la necesidad de que la Comunidad actúe activamente ante este tipo de delitos. La norma, tramitada por lectura única, modifica varias leyes autonómicas en materia forestal, de espectáculos públicos y de patrimonio cultural, permitiendo también que la Comunidad reclame daños cuando se vea directamente afectada.

Por su parte, la diputada de Vox, Ana Velasco, apoyó la propuesta, aunque lamentó que no se incluyeran las enmiendas de su grupo. Calificó la herramienta como un “pilar fundamental de la Justicia” y la consideró una respuesta a las reformas del Gobierno central, aunque con un alcance limitado.

Los partidos de izquierda, sin embargo, expresaron su rechazo. La parlamentaria socialista Tatiana Jiménez alertó sobre el posible impacto en el derecho de manifestación, sugiriendo que la ley busca judicializar las protestas ciudadanas. Además, cuestionó su legalidad, recordando que el Tribunal Constitucional ha anulado iniciativas similares y que una futura reforma estatal podría dejarla sin efecto.

En la misma línea, Alicia Torija, de Más Madrid, calificó la propuesta como una “ley tirita”, argumentando que no resuelve problemas concretos y podría desvirtuar la acción popular, convirtiéndola en una herramienta institucional en lugar de un mecanismo de control ciudadano. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, criticó la ley, acusando al Gobierno regional de “instrumentalizar la Justicia” y de “poner en dificultades el ejercicio del derecho de reunión”.