Una reciente decisión del Tribunal Supremo ha declarado la firmeza de la sentencia que anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) reguladas en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid. Esta resolución, fechada el 15 de abril de 2026, desestima el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid, cerrando así la vía a nuevas apelaciones y dejando en una situación de vulnerabilidad jurídica la normativa que restringía el tráfico en la capital.
La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha reaccionado de inmediato, solicitando formalmente al alcalde la anulación de todas las multas impuestas bajo este marco normativo ahora invalidado. Según la AEA, entre septiembre de 2021 y noviembre de 2025, el consistorio ha tramitado más de 3,3 millones de multas, cuyo valor económico supera los 650 millones de euros. Esta cifra, según la asociación, debería ser devuelta a los ciudadanos afectados.
“"El ayuntamiento no puede ser una «administración tramposa» si no se produce la devolución de las sanciones pagadas."
La nulidad de la ordenanza no solo afecta a áreas específicas como Distrito Centro o Plaza Elíptica, sino que se extiende a todas las Zonas de Bajas Emisiones implementadas en la ciudad. La magnitud de este conflicto económico podría comprometer seriamente las previsiones presupuestarias municipales si se ve obligado a ejecutar una devolución masiva de los importes cobrados.
Este precedente no es aislado, ya que situaciones similares se vivieron con las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona y Esplugues de Llobregat, donde la justicia también dio la razón a los conductores. Para los afectados, el consejo de los expertos es claro: no dar el dinero por perdido y contactar con las organizaciones de defensa del conductor para conocer los pasos a seguir.
