La Comunidad de Madrid ha impugnado el real decreto del Gobierno central que establece la regularización extraordinaria de migrantes, argumentando que el proceso afecta negativamente a los servicios públicos, contradice la normativa europea y agrava el desorden en materia migratoria. La admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo abre una vía judicial a este conflicto.
El Ejecutivo regional ha solicitado la suspensión cautelar del decreto, alegando que perjudica gravemente la prestación de servicios públicos en la región, carece de financiación suficiente, entra en conflicto con la normativa de la Unión Europea y plantea problemas de seguridad. La Abogacía General de la Comunidad interpuso el recurso el pasado viernes, y la Administración General del Estado dispone de cinco días para presentar alegaciones sobre las medidas cautelares.
“"Esta regularización extraordinaria traslada a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos una presión adicional sobre servicios ya tensionados, sin prever recursos económicos ni refuerzos de personal."
La decisión del alto tribunal, aunque no prejuzga el fondo del asunto, permite que el recurso avance y obliga al Estado a responder en el procedimiento. Desde el Gobierno madrileño se insiste en que la regularización extraordinaria impone una carga adicional a los servicios autonómicos y municipales sin la financiación ni el personal adecuados. También se ha señalado la supuesta incompatibilidad de ciertos aspectos del decreto con el marco europeo de inmigración y control de fronteras.
Un portavoz del Gobierno regional reiteró esta posición durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, alertando de “deficiencias” en el proceso diseñado por el Ejecutivo central y asegurando que la regularización va “en contra” de los pactos europeos en materia migratoria. El Ejecutivo regional defiende una inmigración “legal, ordenada y vinculada al empleo”, en contraste con el “caos” que, a su juicio, está generando el modelo impulsado por el Gobierno central.
