La iniciativa, bajo el lema «Parad el racismo y no a las personas», busca poner fin a las paradas, identificaciones y redadas racistas que, según las organizaciones, tienen graves consecuencias físicas y emocionales para las personas afectadas. El Grupo Local de Tres Cantos de Amnistía Internacional también se ha sumado a esta campaña, contactando con asociaciones locales para adherirse al manifiesto.
Las organizaciones denuncian que estas prácticas policiales profundizan la estigmatización social y vulneran libertades y derechos fundamentales. Para las personas migrantes, incluso aquellas en proceso de regularización, las consecuencias pueden ser dramáticas, incluyendo la expulsión o retrasos en la obtención de permisos de residencia y trabajo.
Las paradas, identificaciones y redadas racistas tienen graves consecuencias físicas y emocionales para las personas, al verse sometidas a controles injustificados que les obligan a tener que identificarse, e incluso ser cacheadas en espacios públicos.
Organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y Naciones Unidas han criticado estas prácticas en España, solicitando su prohibición explícita. Un estudio de observación directa realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en 2016 en la estación de autobuses de Granada, reveló una desproporción significativa: por cada persona blanca identificada, se detenía a 42 personas negras.
Un informe de 2024 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, basado en una encuesta a 6.752 inmigrantes y descendientes de inmigrantes subsaharianos en 13 estados miembros, destacó que las personas negras tienen un mayor riesgo de ser objeto de controles policiales. En España, el 34% de los hombres afrodescendientes fueron parados e identificados por la policía. De aquellos detenidos el año anterior al informe, el 58% consideró que la detención se debió a discriminación racial, siendo España el segundo país con la tasa más alta (66%).
Ante esta situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha instado al Estado español a tomar las medidas necesarias para poner fin a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos, y a garantizar su investigación y sanción. Las organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales señalan que esta es una práctica arraigada como método de control migratorio, que genera desconfianza hacia las fuerzas policiales y refuerza la indefensión de las personas afectadas.
Entre las recomendaciones, se propone incluir en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana una prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico. Además, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, se reclama la implementación de formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales para documentar objetivamente las motivaciones y resultados de las intervenciones.
