La formación política ha manifestado su preocupación por los cambios que la Ley LIDER introduce en el sistema urbanístico, especialmente en lo que respecta a la reducción del peso de la planificación pública frente a las iniciativas privadas. Según Más Madrid, el texto altera la jerarquía normativa al restar carácter vinculante al Plan Estratégico Municipal (PEM) en favor de los Planes Ejecutivos, lo que podría facilitar modificaciones puntuales en el modelo urbano sin una evaluación global de su impacto en servicios públicos, movilidad o infraestructuras.

Entre los municipios que han participado en este proceso de alegaciones se encuentran Collado Villalba, Coslada, Ciempozuelos, San Sebastián de los Reyes, Paracuellos, Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, San Fernando de Henares, Tres Cantos, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Getafe, El Escorial, Pinto, Rivas, Alpedrete, Leganés, Galapagar y Casarrubuelos. El plazo para la presentación de estas alegaciones finalizó el pasado lunes, 8 de abril de 2026.

El anteproyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo autonómico, busca agilizar los tiempos y simplificar los procedimientos urbanísticos mediante la unificación y reducción de trámites que, actualmente, pueden extenderse por más de una década. La propuesta reorganiza la clasificación del suelo en tres categorías: urbano, rural protegido y rural no protegido, con el fin de evitar el bloqueo de grandes extensiones de terreno y ofrecer mayor flexibilidad en los usos del suelo para adaptarse a nuevas necesidades económicas y sociales.

No obstante, la Plataforma Ecologista Madrileña también ha expresado su rechazo a la Ley LIDER, considerándola un "retroceso de décadas" en la protección del territorio. Las organizaciones ecologistas argumentan que el texto recupera un enfoque similar al de la Ley estatal de 1998, que propició el desarrollismo inmobiliario previo a la crisis de 2008, al permitir la urbanización de cualquier suelo no protegido de forma explícita. Critican que este planteamiento prioriza la libertad de empresa y el derecho de propiedad sobre el interés general en la ordenación del territorio.

La plataforma ecologista, integrada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama 'El Soto', el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Libertum Natura, ha solicitado la retirada del anteproyecto y la apertura de un proceso de debate que garantice la protección del territorio, el patrimonio y el interés general.