Entre las principales novedades, se ha ampliado el rango de ingresos para las unidades familiares de dos miembros. Ahora, los ingresos deberán situarse entre 1,5 y 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para viviendas de precio básico, y entre 1,5 y 7,5 veces para las de precio limitado. Esta modificación busca que más personas puedan cumplir las condiciones exigidas para acceder a una vivienda del plan.

Asimismo, se han actualizado los criterios de arraigo territorial. A partir de ahora, tendrán preferencia aquellos ciudadanos que puedan acreditar al menos cinco años de empadronamiento en el municipio o que trabajen en él, en contraste con los tres años requeridos anteriormente. En segundo lugar, se dará prioridad a los solicitantes con diez años de residencia acreditada en la región.

Para incrementar la disponibilidad de suelo destinado a la promoción de vivienda pública, el decreto amplía el ámbito de actuación para incluir parcelas ubicadas en terrenos de otras Administraciones Públicas adscritas a la Comunidad, como los ayuntamientos. Esta medida busca facilitar que un mayor número de ciudadanos disponga de soluciones habitacionales.

Con el fin de optimizar la ocupación de las viviendas, el texto también contempla la posibilidad de reasignar pisos inicialmente reservados para grupos con cupo especial, como víctimas de violencia contra la mujer o personas con asilo, en caso de que queden vacantes. Además, se refuerzan los estándares de transparencia en los procesos de adjudicación, con la publicación permanente de las listas de solicitantes en la web del concesionario.

El Gobierno autonómico ha entregado hasta la fecha 5.211 pisos en el marco del Plan Vive. Las nuevas medidas también permitirán el uso de los datos fiscales más recientes y la admisión de declaraciones responsables para justificar cambios relevantes en la situación económica de los solicitantes.