La reforma normativa, aprobada por el Consejo de Gobierno, busca adaptar el programa a la realidad económica actual, permitiendo que un mayor número de ciudadanos se beneficien de esta iniciativa. Entre las principales novedades, se encuentran la flexibilización de los criterios económicos y un refuerzo en la prioridad para los vecinos con arraigo territorial.
Para las viviendas de precio básico, el rango de ingresos para unidades familiares de dos personas se ha establecido entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM. En el caso de las viviendas de precio limitado, este margen se amplía aún más, permitiendo el acceso a familias con ingresos entre 1,5 y 7,5 veces el IPREM. Esta medida está diseñada para incluir a la clase media y a aquellos con ingresos moderados que antes quedaban excluidos.
El nuevo reglamento pone un foco especial en proteger a quienes ya forman parte de la comunidad local. El cambio más significativo es el refuerzo del arraigo territorial, estableciendo un sistema de prioridades muy claro para los solicitantes.
Una de las modificaciones más destacadas es la prioridad absoluta para quienes demuestren al menos cinco años de empadronamiento en el municipio donde se ubican las viviendas o que desarrollen allí su actividad laboral principal. Este requisito, más estricto que el anterior de tres años, busca asegurar que los residentes locales tengan una ventaja significativa. En un segundo nivel de prioridad se sitúan quienes lleven diez años residiendo en cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Además, se ha mejorado la transparencia y agilidad en la gestión de las adjudicaciones. Las listas de interesados se publicarán de forma permanente en las webs de las empresas concesionarias, con un enlace directo desde la web institucional de la Comunidad de Madrid. Esto permitirá una consulta en tiempo real del estado de las solicitudes y reducirá los plazos de adjudicación para evitar que las viviendas terminadas permanezcan vacías.
La reforma también aborda la disponibilidad de suelo, permitiendo a la administración autonómica utilizar parcelas adscritas a la Comunidad, incluso si están en suelos de otras administraciones como los ayuntamientos. Esto se espera que incremente la oferta de alquiler en los próximos años. En cuanto a la burocracia, se facilitará la presentación de documentos, aceptando datos fiscales recientes y declaraciones responsables para cambios económicos no reflejados aún. Si los pisos reservados para cupos específicos quedan vacantes, podrán reasignarse rápidamente.
Hasta la fecha, el Gobierno regional ha entregado 5.211 pisos en alquiler. Se prevé que a partir de junio finalice la construcción de más de 3.000 viviendas adicionales, que se pondrán a disposición de los madrileños progresivamente. Para las viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda Social (AVS), el requisito general de residencia sigue siendo de diez años en la región, con tres de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
