La legislatura actual en la Comunidad de Madrid se caracteriza por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea, lo que le permite aprobar modificaciones legislativas sin el apoyo de la oposición. A pesar de esta realidad, los partidos de la oposición, incluyendo Más Madrid, PSOE-M y Vox, han mantenido una postura crítica y han propuesto alternativas, aunque estas rara vez han prosperado.

Un ejemplo reciente de esta labor es el rechazo del PSOE-M al anteproyecto de la Ley LIDER. Tras la publicación del texto en el Portal de Transparencia autonómico, el equipo de Óscar López inició un exhaustivo análisis que culminó con la presentación de un escrito de alegaciones este martes, firmado por el concejal Antonio Giraldo.

Entre las principales críticas del PSOE-M, expuestas por la vocal en Cibeles, Reyes Maroto, y el diputado regional y portavoz de la ejecutiva madrileña, Javier Guardiola, se destaca la "vulneración" de la autonomía y las competencias municipales, amparadas en la Constitución Española (artículos 137 y 148) y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Argumentan que el artículo 5.2 del anteproyecto reduce significativamente el margen de acción de los ayuntamientos en la aprobación de ordenanzas urbanísticas, en detrimento de las potestades urbanísticas de la Comunidad.

Para corregir esta situación, el escrito de alegaciones propone incluir la Agenda Urbana en la futura ley. Este documento, aunque no normativo, busca orientar el desarrollo urbano hacia planes sostenibles, integrando aspectos ambientales, sociales y económicos. La incorporación de la Agenda Urbana garantizaría una participación plena de los municipios en la ordenación del territorio.

Otro punto de preocupación es la simplificación del sistema de instrumentos de planeamiento, que podría llevar a análisis técnicos y ambientales menos profundos y a una reducción de los espacios de participación ciudadana. Además, el PSOE-M critica el supuesto carácter "especulativo" de la norma, señalando una "insuficiente garantía de incorporación de vivienda protegida" al no regular las reservas de Vivienda de Protección Pública (VPP), lo que representa un retroceso en las políticas de vivienda asequible.

El anteproyecto también permite incrementos de edificabilidad, densidad o cambios de uso en suelos ya urbanizados sin necesidad de instrumentos de planeamiento, y reduce la eficacia del control judicial. Esto, según los socialistas, pone en riesgo el modelo urbano, la equidad territorial y el interés general, pudiendo "expulsar a los vecinos" de la región.

El PSOE-M alerta sobre la posible "paralización de desarrollos urbanísticos en curso" debido a la "inseguridad jurídica" generada por el nuevo modelo de clasificación de suelos, que distingue solo entre suelo urbanizado y rural. Advierten que suelos clasificados como urbanos en planeamientos no adaptados podrían pasar a considerarse suelo rural no protegido, afectando a numerosos municipios.

Finalmente, los socialistas critican la ausencia de perspectiva de género en el texto y la "falta de rigor" al delegar la actividad de control administrativo a una entidad colaboradora privada. Consideran que el nuevo sistema, al otorgar un papel relevante a los planes ejecutivos promovidos por particulares, favorece actuaciones fragmentadas y sin una visión urbana global, poniendo en riesgo la planificación de la ciudad a largo plazo y el interés general. Maroto y Guardiola concluyen que esto abre la puerta a la "privatización del suelo" y a la cultura del "pelotazo urbanístico", similar a la crisis de 2008, lo que agravaría la actual crisis de vivienda. Si el Partido Popular rechaza las alegaciones, el PSOE-M ha anunciado su intención de estudiar la vía judicial.