La operación, llevada a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, culminó con la detención de cuatro hombres y tres mujeres. Se les acusa de explotar a ciudadanos extranjeros, muchos de ellos sin permiso de trabajo, en centros de llamadas donde eran forzados a cumplir metas diarias inalcanzables y a seguir guiones diseñados para engañar a los clientes.
Los empleados, en su mayoría ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, estaban sometidos a metas diarias obligatorias y a un ranking de rendimiento que determinaba recompensas y castigos. Aquellos que ocupaban los últimos puestos eran humillados públicamente, incluso con lanzamiento de tartas, mientras que su jornada laboral no respetaba horarios ni descansos legales.
La investigación se inició tras detectar múltiples call centers que operaban bajo estas prácticas. Los responsables cambiaban constantemente la ubicación de los centros para evadir la acción policial. Con la colaboración de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Madrid, los agentes lograron localizar quince de estos establecimientos.
Los detenidos se aprovechaban de la situación irregular de los trabajadores para imponerles condiciones laborales extremas, negándoles derechos básicos como vacaciones, seguros médicos o una retribución justa. El operativo finalizó el 10 de marzo con registros en los quince call centers y la puesta a disposición judicial de los siete presuntos responsables por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores.
