El conflicto laboral de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid se extiende por más de un año, sin que se vislumbren mejoras en sus condiciones. El comité de huelga ha manifestado que TRAGSA, la empresa pública responsable, se niega a negociar, incumpliendo la Ley Básica de Bomberos Forestales y vulnerando derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho a la huelga.
“"Desde el comité denunciamos además la actitud de la Comunidad de Madrid, titular del servicio, que no está ejerciendo presión alguna sobre TRAGSA y continúa actuando como si este conflicto no fuera con ella."
La situación se agrava con la inacción de la Comunidad de Madrid, a quien el comité de huelga acusa de no presionar a TRAGSA y de desentenderse del conflicto. Han señalado que el director de Emergencias no ha accedido a reunirse con ellos, a pesar de las reiteradas solicitudes durante más de tres meses. Esta falta de diálogo institucional pone en riesgo la seguridad pública y la protección del medio ambiente, especialmente ante la proximidad del verano.
Los bomberos forestales, que perciben alrededor de 1.300 euros mensuales, realizan tareas esenciales como la extinción de incendios, labores preventivas invernales y atención a emergencias climáticas. Sin embargo, este invierno se ha observado una reducción del 50% en los trabajos preventivos, lo que, sumado a la disminución de personal (de 530 a 420 efectivos), genera una preocupación creciente. Además, TRAGSA aún no ha implementado un plan de protección contra agentes cancerígenos, una obligación legal que la Inspección de Trabajo ya ha requerido tanto a la empresa como a la Comunidad de Madrid.
La llegada del verano, con el aumento del combustible vegetal debido a las lluvias recientes, intensifica la gravedad de este escenario. El comité de huelga exige una negociación inmediata a TRAGSA y que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad, dejando de ignorar un conflicto que afecta directamente la capacidad operativa del dispositivo de emergencias.
