El proyecto del Centro Acuático de San Blas reabre el debate sobre el gasto olímpico

La iniciativa para transformar el complejo inacabado en un espacio de ocio y deportivo revive la polémica sobre los casi 100 millones de euros públicos invertidos sin éxito.

Imagen de una estructura de hormigón inacabada, con andamios y barras de refuerzo expuestas, bajo un cielo azul.
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Imagen de una estructura de hormigón inacabada, con andamios y barras de refuerzo expuestas, bajo un cielo azul.

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un nuevo proyecto para el Centro Acuático de San Blas, una infraestructura inacabada que generó un gasto de casi 100 millones de euros de fondos públicos en la fallida candidatura olímpica de la ciudad.

Esta semana, el alcalde de Madrid ha desvelado los planes para el Centro Acuático de San Blas, que se transformará en un pabellón para macroconciertos, un polideportivo y un campus para una universidad privada. La gestión de este complejo, ubicado en terrenos municipales, se realizará mediante una concesión privada a 75 años a cargo de empresas como OVG y Live Nation, junto con representantes del Atlético de Madrid.
El proyecto original del Centro Acuático, impulsado por el consistorio en la época de Alberto Ruiz-Gallardón, supuso una inversión de al menos 99,6 millones de euros en una estructura que nunca llegó a completarse. Las obras fueron abandonadas en 2010, dejando un armazón inútil al que aún le restaban 91 millones de euros en inversiones pendientes.
La presentación del nuevo proyecto ha evitado abordar el significativo dispendio de fondos públicos que representó esta infraestructura. La situación ha sido criticada por no reconocer el malgasto de dinero en un proyecto que, según algunos, socializa las pérdidas del fracaso olímpico y entrega la infraestructura a empresas privadas para su explotación hasta el año 2101.
El Centro Acuático es un recordatorio de un periodo en el que Madrid apostaba por construir infraestructuras olímpicas sin tener los Juegos adjudicados, siguiendo un modelo de gran gasto público y beneficios privados, especialmente para las constructoras como Ortiz y Dragados, que fueron las únicas en cobrar por la obra inacabada. Además, el proyecto ha enfrentado cuestionamientos judiciales, con una sentencia en contra que, por el momento, ha eliminado la planificación de un hotel de lujo en el mismo lugar.