La operación policial culminó con la detención de cuatro hombres y tres mujeres, acusados de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. Estos individuos operaban quince centros de llamadas donde imponían un régimen de total dominancia sobre sus empleados, principalmente ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo.
La investigación se inició tras detectar un patrón en la contratación de personal y las condiciones laborales restrictivas. Los responsables de la red cambiaban constantemente la ubicación de los centros para evadir la acción policial, pero las pesquisas, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, permitieron localizarlos en la capital y en Fuenlabrada.
El único objetivo de estas llamadas guionizadas era confundir a los interlocutores para que llevaran a cabo la contratación de determinados productos o servicios.
Los trabajadores eran obligados a seguir guiones invasivos para confundir a los clientes y lograr la contratación de productos o servicios. Además, debían cumplir objetivos diarios sin importar la duración de su jornada, bajo la amenaza de un sistema de recompensas y castigos degradantes. Entre las humillaciones, se incluía lanzar tartas a la cara del empleado con peor rendimiento en presencia de sus compañeros.
Los empleadores se aprovechaban de la vulnerabilidad de los trabajadores, quienes carecían de permisos de trabajo y, por tanto, no podían exigir derechos laborales básicos como jornadas legales, días de descanso, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos. La operación se llevó a cabo el pasado 10 de marzo, con registros en los 15 call centers y la posterior puesta a disposición judicial de los detenidos.
