Los sindicatos Progresa y CEM han calificado de “negligencia” la situación, acusando a la cúpula del área de Movilidad de haber ocultado el informe durante casi cuatro años. Este documento, crucial para la prevención de riesgos laborales, detallaba los peligros asociados al uso de opacímetros, dispositivos portátiles empleados para medir las emisiones contaminantes de vehículos.
La problemática se remonta a mayo de 2022, cuando el área de Movilidad adquirió tres opacímetros. Desde entonces, los agentes los han utilizado diariamente para analizar gases como el monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos directamente desde el tubo de escape, sin las medidas de seguridad adecuadas. Esta práctica implica la inhalación directa de gases tóxicos.
“"Riesgo de inhalación de gases y agentes cancerígenos."
El informe de Madrid Salud, emitido un mes después del inicio del uso de los aparatos, identificaba dos riesgos críticos: el de atropello y, el más preocupante, la inhalación de gases y agentes cancerígenos. Para mitigar este último, se recomendaba limitar la exposición a dos horas diarias por agente y la rotación del personal. También se mencionaban riesgos de quemaduras y la necesidad de medidas ergonómicas.
Los agentes de Movilidad afirman que nunca recibieron el informe ni se les informó de los riesgos. Las medidas correctoras y preventivas propuestas, como el uso de mascarillas FFP2, guantes resistentes al calor y formación específica sobre riesgos químicos, no fueron implementadas. Según fuentes sindicales, el informe fue remitido a la subdirectora general y a su consejera técnica, quienes eran conocedoras de los riesgos.
Los agentes no tuvieron conocimiento de la existencia del documento hasta octubre de 2025, cuando lo solicitaron. Han denunciado que “lo tenían en un cajón y nunca se aplicó” y han pedido explicaciones a la dirección general y al delegado del área. El secretario general de Progresa, Chema Sánchez, considera que estos hechos podrían constituir una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tener consecuencias penales.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, en declaraciones a principios de abril, aseguró que el Ayuntamiento dota a los agentes de los materiales necesarios y que se sigue un protocolo de seguridad. Sin embargo, los agentes rechazan estas afirmaciones y denuncian irregularidades en el control técnico de los dispositivos, que no han sido sometidos a la verificación metrológica anual obligatoria desde su adquisición.
