El PSOE de Leganés condiciona el apoyo a acuerdos municipales a una negociación política previa

El portavoz socialista, Javier Márquez, exige diálogo real antes de respaldar propuestas del Gobierno local sobre superávit y modificaciones presupuestarias.

Imagen genérica de un micrófono en un podio en una sala de reuniones, simbolizando el diálogo político.
IA

Imagen genérica de un micrófono en un podio en una sala de reuniones, simbolizando el diálogo político.

El PSOE de Leganés, por medio de su portavoz Javier Márquez, ha manifestado que no facilitará acuerdos sobre el superávit municipal ni otras modificaciones presupuestarias sin una negociación política genuina con el Gobierno local.

En una entrevista concedida a LGNS Radio, Márquez subrayó la postura de su grupo, que busca un diálogo previo y sustancial sobre los asuntos clave antes de que estos sean llevados a debate. Esta declaración surge en un contexto de creciente tensión política en el municipio, donde el uso del superávit ha sido un punto recurrente de fricción entre el Gobierno y la oposición.

Los socialistas ya trasladaron por escrito al Gobierno municipal que querían retomar el diálogo y abordar previamente los asuntos de calado antes de llevarlos a debate.

El portavoz socialista criticó que el Ejecutivo local, conformado por PP y ULEG, continúe impulsando medidas sin un trabajo político previo con los grupos de la oposición. Esta situación ha llevado a un estancamiento en la gestión del superávit, un tema que ha generado controversia en el Ayuntamiento de Leganés durante meses.
Como ejemplo de esta falta de consenso, Márquez mencionó el caso del acerado de Leganés Norte. Argumentó que este tipo de actuaciones no deberían plantearse de forma aislada, sino como parte de una negociación global vinculada a los presupuestos municipales. La mejora integral de Leganés Norte es un proyecto de larga data que ha estado ligado al uso de remanentes y modificaciones presupuestarias.
La postura del PSOE se alinea con mensajes previos, donde ya habían propuesto una "tregua" al Ejecutivo local para desbloquear inversiones, siempre y cuando se restableciera la "normalidad democrática" y se creara un espacio de negociación real. El mensaje actual reitera esta condición: sin diálogo previo, no habrá apoyo incondicional a las propuestas del Gobierno.